[1] ¿Qué hicieron los empresarios con y desde la dictadura militar?
Los grandes empresarios locales y extranjeros, con el último Golpe de Estado, impusieron un verdadero punto de inflexión en la estructura económica y social del país. Los cambios generados desde ese momento hasta ahora se mantienen en sus aspectos fundamentales. En 1975 el desempleo era de 3,9% y en 1974 la pobreza fue de 3,8%; pero desde el golpe en adelante el desempleo tiene pisos del 7% y la pobreza del 25%. También la industria tuvo una reorganización a favor del capital concentrado que logró fortalecerse durante el período previo al golpe aprovechando sus vínculos con las empresas públicas y/o los regímenes de promoción industrial, las facilidades fiscales y políticas proteccionistas.
Estas grandes patronales que organizaron el golpe junto a los militares y la Iglesia (un genocidio para disciplinar a la clase trabajadora) también lo hicieron en desmedro de sectores de la burguesía industrial ligada al mercado interno que fue desplazada con la apertura comercial y financiera. La política económica de Martínez de Hoz, ex titular de la siderúrgica Acindar, aceleró la consolidación de la “patria contratista” para beneficio de los grandes grupos locales, o sea, los empresarios que prestaban servicios a empresas públicas antes del golpe (Techint, Socma-Macri, Perez Compac, Benito Roggio, Bridas, Celulosa). Luego estas empresas serán beneficiadas en forma directa con el mayor gasto público en obras de infraestructura, la concesión de peajes, el fraude a través del “compre nacional” con sobreprecios, o la posterior privatización de algunos sectores de la estatal YPF, o en la rama telefónica de Entel, las promociones industriales de sectores estratégicos para las FF.AA. u otros como el de la alimentación (Arcor que entre 1973 y 1983 incorporó 15 nuevas firmas).
Con estas transformaciones los grandes industriales incrementaron sus ganancias dentro de la cúpula empresarial pasando de 58,6% a 89,5%, a pesar del retroceso de la participación de la industria en el PBI [2]. Además los empresarios nacionales, junto al capital extranjero y los bancos obtuvieron con la Ley de Entidades Financieras (1977) todo tipo de flexibilidades en los negocios financieros y en el endeudamiento con el exterior, que comenzará un ciclo ascendente y permanente [3].
A principios de la década del ochenta el BCRA (en manos de Cavallo) inicia un proceso de licuación de las deudas en dólares contraídas por los grandes empresarios y, posteriormente, durante el gobierno de Alfonsín, el Estado se hizo cargo completamente de sus pasivos. La famosa “estatización” de las deudas del sector privado que al día de hoy seguimos pagando todos.
Los grupos económicos nacionales fueron los ganadores de la década perdida. Las relaciones carnales con el Estado continuaron luego en la década del noventa, cuando muchas de estas empresas pasaron de ser socias del sector público a quedarse con las empresas privatizadas y en algunos casos aprovecharon la convertibilidad (dólar barato) para tecnificarse. Sin embargo, la mayor parte de la inversión extranjera directa se destinó a financiar fusiones y adquisiciones de firmas ya existentes. Por ejemplo, el Grupo Ledesma, activo colaborador de la dictadura, que tomó créditos en dólares para importar tecnologías y después fue beneficiada por la estatización de su deuda, pasando de controlar 15 a 24 empresas entre 1983 y 1990. En general, el empresariado local tendió a una mayor especialización e integración vertical, consolidando la concentración del capital en la cúpula como forma de protegerse ante la violenta apertura comercial que impuso el menemismo, siguiendo la hoja de ruta del “Consenso de Washington”.
La industria manufacturera tendió a concentrarse en determinadas ramas con ventajas comparativas naturales, como la agroindustria, petróleo y minería, o regímenes de promoción especiales, como la automotriz. Otras directamente abandonaron la actividad productiva por la financiera y/o rentística con inversiones inmobiliarias en la ciudad y/o el campo. En los ‘90 el retroceso parcial del empresario local abrió paso a un predominio del capital extranjero que llegó para quedarse. Y mientras se producía un nuevo salto en la desindustrialización del país, llegando la industria a representar un mínimo histórico (15,5% del PBI), una mayor dependencia de la exportación de bienes primarios (y la importación de bienes de capital y tecnología), y se propagaban los estragos de la desocupación generada por las privatizaciones, unos pocos grupos empresarios locales pegaron un nuevo salto. Está el caso de Techint con la exportación de tubos sin costura o de Arcor que compró compañías en Chile e instaló filiales en Brasil y otros países de la región. Aparecieron así las denominadas multilatinas, que son sólo unos pocos casos puntuales, y en general trasladaron sus empresas controlantes afuera del país [4].
Antes del ciclo de gobiernos kirchneristas (2003-2015), la burguesía local se vio favorecida por una fuerte devaluación que licuó sus costos salariales y que, en parte, explican la recomposición de los márgenes de ganancia y el nuevo impulso alcista favorecido por el contexto internacional. Sin embargo, y a pesar de las tasas record de crecimiento y de la reanimación del mercado interno, no hubo cambios estructurales significativos. La extranjerización de la élite empresarial no se retrajo significativamente.
Con el macrismo los empresarios pasaron directamente a la gestión del gobierno y los ministerios, para ponerse al frente de un ciclo de endeudamiento inaudito, fuga de capitales masiva, aumento de las tarifas en los servicios públicos y un intento de avanzar en una reforma laboral flexibilizadora abortada por el amplio rechazo y la amplia movilización al Congreso contra la reforma jubilatoria.
Cabe señalar que el grado de concentración no induce necesariamente un ascenso de los precios. Lo que interesa, especialmente, es atender la lógica de acumulación de las grandes corporaciones oligopólicas, dado que la misma se encuentra subordinada a la estrategia de la firma por mantener las barreras al ingreso de nuevos actores en los mercados en los que operan, con la finalidad de apropiarse de ganancias extraordinarias asociadas con esa posición dominante. En tal sentido, de los análisis que anteceden se desprende que en la posconvertibilidad los capitales oligopólicos que se desenvuelven en la industria argentina han logrado mantener las barreras al ingreso y sostener los elevados niveles de concentración económica. Ello se vincula, en buena medida, con el establecimiento de un precio mayorista más elevado que el promedio industrial y que el correspondiente a las ramas de mediana y baja concentración, en un escenario en el que las firmas líderes se han mostrado reacias a canalizar sus abultados excedentes a la formación de capital (de allí su “reticencia inversora” y sus beneficios.
Así, la concentración económica en la industria se constituye en causa y efecto de la suba de los precios mayoristas manufactureros en la última década. Al respecto, la creciente injerencia de las compañías de mayor envergadura en la producción sectorial es resultado de diversos factores, entre los que interesa resaltar: la profunda transferencia de ingresos resultante de la megadevaluación de 2002 (tanto entre trabajo y capital, como en el plano inter-capitalista); la mencionada fijación de precios que les permitió apropiarse de rentas diferenciales a los oligopolios que operan en el medio doméstico; las ventajas institucionales derivadas de diversas y abultadas subvenciones estatales que favocieron a un número acotado de empresas líderes del sector fabril; los sesgos implícitos en ciertos instrumentos (promoción industrial, regímenes especiales para la armaduría automotriz y el ensamblado de productos electrónicos en Tierra del Fuego, diferentes líneas de asistencia financiera al sector productivo, etc.); y la inserción de los grandes capitales en las ramas más favorecidas por el perfil del crecimiento industrial en un cuadro signado por la carencia de políticas activas y coordinadas tendientes a impulsar a otros sectores y actores (“reindustrialización acotada” y ausencia de cambio estructural). No obstante, de las evidencias aportadas por este trabajo no debería concluirse que la “inflación oligopólica” constituye el factor causal excluyente de la elevación de los precios fabriles. Pero sí es indudable que la misma desempeñó un papel sumamente relevante para comprender la configuración del fenómeno inflacionario reciente y actual en nuestro país.
Para enfrentar el estado de las cosas en este difícil momento vale tener presente esta afirmación de Daniel Azpiazu: “Si se aspira a revertir estas cuestiones en el marco de un modelo industrial genuinamente inclusivo en lo socioeconómico y desde la perspectiva regional, es indudable que se requiere avanzar en la discusión de una estrategia nacional de desarrollo y en la conformación de un esquema de alianzas con aquellos sectores consustanciados con la reindustrialización y la redistribución del ingreso. Esto implicaría asumir las dificultades derivadas de enfrentar en los campos económico y político-ideológico a importantes y poderosos sectores académicos, políticos, sindicales y empresarios (muchos del ámbito manufacturero); sin embargo, tales dificultades no serían más serias ni más riesgosas que las que se desprenderían de no hacerlo o de llevar a cabo una estrategia de conciliación de intereses inadecuada que, a la larga, resultaría inapropiada e inconveniente en tanto profundizaría aún más el cuadro de subdesarrollo nacional iniciado en 1976.
[1] Resumen de los trabajos: a) “Grupos Económicos” – FLACSO Eduardo Basualdo, Pablo Manzabelli y Daniela Calvo; b) “Aproximación al proceso de formación de precios en la industria argentina en posconvertibilidad” Revista Realidad Económica Nº 273; c) “El proceso de vaciamiento de Vicentin. Transformaciones de su estructura productiva, dinámica financiera e intercambio comercial” Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti – Banco de la Nación Argentina – Centro de Estudios Sociales de la Economía (CESE).
[2] Ana Castellani, “La consolidación de la “patria contratista” durante la última dictadura cívico-militar”, citado en “El viejo y nuevo poder económico en la Argentina”, Ed. Siglo XXI, 2021.
[3] Al día de hoy el legado de esta Ley, en líneas generales, sigue en pie y es una herramienta que aún conservan los bancos nacionales y extranjeros para poner frenos al desarrollo de actividades productivas, canalizando los ahorros nacionales hacia la especulación financiera o directamente hacia la fuga de capitales.
[4] Como afirma Martín Schorr, en este período se van a dar “reestructuraciones corporativas que dejaron a las empresas locales como eslabones de una red global, cuyo control último pasó a depender en lo formal de firmas localizadas en guaridas fiscales” (El viejo y el nuevo poder económico en la Argentina, Bs. As., Editorial Siglo XXI, 2021). El caso Techint es ilustrativo, la mayor parte de su producción se realiza fuera de Argentina y su base de operaciones está radicada en Luxemburgo, lo que le permite manipular sus “precios de transferencia” entre empresas del mismo grupo y fugar utilidades no declaradas al exterior.