Después de la lejana e ¿incomprensible? batalla de Cepeda, el 17 de febrero de 1861, las disputas por el poder en la Argentina condujeron inexorablemente a la imposición de las ideas e intereses dominantes de la ciudad puerto. En ese centro el poder era ejercido por las clase terrateniente, los dueños de las tierras y del ganado y la “City” comercial porteña, integrada por los comerciantes, en muchos casos de origen extranjero, con predominio inglés. Las oligarquías provinciales (que también existían) eran funcionales a esos intereses, no así sus artesanos.
El poderío militar desplegado por Mitre (equipamiento moderno) y la brutalidad de sus fuerzas (en gran parte comandadas por oficiales uruguayos) liquidaron los intentos de los sucesivos líderes del interior (“Chacho” Peñaloza, Felipe Varela) que intentaron alguna resistencia por encima de la ¿traición? de Urquiza. Desde ese momento imperó el modelo que asoció el desenvolvimiento de nuestro país a los intereses de Gran Bretaña.
Hacía mucho tiempo que se había definido el poder en Europa: el 18 de julio de 1815, la Alianza integrada por Gran Bretaña junto a Prusia, Austria y Rusia, en la batalla de Waterloo liquidó definitivamente las aspiraciones de Napoleón. En ese mismo instante quedó establecido el dominio del Imperio Británico, dueño de una parte del mundo y la totalidad de las aguas.
En ese país, tempranamente, se inició el uso de las tecnología para el desarrollo de la revolución industrial que fue el origen del modo de producción capitalista y en la segunda mitad del siglo XIX le urgía disponer de tierras fértiles que produjeran los alimentos y otras materias primas indispensables para su desarrollo. La Argentina resultó ser un lugar adecuado (más cercano que Australia, más cálido que Canadá, muy amigable por su clase dirigente) para establecer semejante proyecto asociativo, donde además encontraron enormes posibilidades de inversión (ferrocarriles, obras públicas, finanzas).
Y ese proyecto le sirvió a la Argentina para crecer. La Argentina del primer centenario (1910) estaba entre las diez mayores economías del mundo. Pero en verdad quien se había consolidado era la clase dominante: gracias a la llamada “conquista del desierto” el latifundio había crecido, pese a que las importantes corrientes inmigratorias demandaban tierras para explotar, les fueron concedidas algunas parcelas en cuentagotas (sur de Córdoba, algo Entre Ríos, un poco menos Santa Fe). Eso sí, muchos gringos terminaron propietarios de espacios inmensos en la Patagonia. Así, los dueños de la tierra fueron por largos años los dueños del gobierno, con la Sociedad Rural como nave insignia. Y con el concurso de los “hombres (¿prohombres quizá?) de negro” como se dio en llamar a los profesionales nativos que asesoraban a los inversores extranjeros (Ferrocarriles, Bancos, Bunge y Born, Bemberg, Tornquist) cuando no eran diplomáticos ante el Imperio .
Hasta que advino el radicalismo (1916) nada había cambiado e Hipólito Yrigoyen ¿no supo, no quiso, no pudo? cambiar esa estructura. Por eso, luego del ciclo radical (1930), la oligarquía regresó intacta. La dictadura de Uriburu y los gobiernos de la “década infame” (1930-1943) fueron los ejecutores del siempre presente interés de los dueños de las tierras y las vacas con el agregado de los grupos financieros nacionales y extranjeros asociados.
En algún momento de la primer Gran Guerra (1914-1918) hubo intentos de producir en el país algunos bienes que no llegaban a nuestras playas pero apenas se superó esa instancia Argentina volvió a ser dependiente de los productos industrializados europeos.
Sin embargo, en 1911, Torcuato Di Tella, aprovechando una norma que obligaba en la ciudad de Buenos Aires a que las panaderías contaran con una amasadora mecánica fundó la empresa Siam Di Tella y en los años veinte, acompañando el crecimiento de YPF y la necesidad de surtidores, logró un pronto crecimiento en la actividad metalúrgica. A la experiencia de Siam se pueden agregar otras actividades industriales para la transformación de bienes de origen agropecuario.
Cuando estalla la crisis mundial de 1929 el imperio británico, que había quedado herido por las consecuencias de la Primer Guerra, se ve obligado por sus propias restricciones económicas a limitar sus relaciones comerciales con Argentina, privilegiando a los países integrantes de la Comunidad (Australia y Canadá). Por esa razón, con el propósito de disminuir el déficit de nuestra balanza de pagos, la Argentina inicia el ciclo denominado de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) que se vio favorecido por la segunda Gran Guerra (1939-1945) donde nuevamente se careció de muchos insumos que eran indispensables. Sin embargo, el mayor impulso de esta política se encuentra a partir del primer gobierno peronista (1946-1952). En esos años se produce la conformación de grupos como Pérez Companc, Bridas y Techint.
En esos años es cuando se habla de la configuración de una burguesía nacional. Hasta entonces, el régimen oligárquico se mantuvo incólume porque los restantes sectores podían llegar a tener alguna participación pero jamás habían ejercido el poder.
Y, como el radicalismo, el peronismo ¿no supo, no quiso, no pudo? afectar las estructuras del modelo dominante. Creyó que la nacionalización del comercio exterior (IAPI) era suficiente.
Por esa razón, igual que ocurrió con el radicalismo en el año 1930, en setiembre de 1955 el triunfo de la mal llamada “Revolución Libertadora” implicó el retorno de la oligarquía al poder, ahora con mucho más odio acumulado durante una larga década de ostracismo, pese a que sus sagrados intereses no habían sido afectados en su esencia.
Los sucesivos gobiernos radicales (Frondizi e Illia -1958/1966-), electos con la proscripción del peronismo, culminaron en la también mal llamada “Revolución Argentina”, liderada por un promocionado energúmeno mayor (Onganía), que posibilitó un periodo durante el cual Krieger Vasena reinó como ministro de Economía y se dieron las condiciones ideales para iniciar un proceso que desde entonces avanzó de manera sostenida, con escasos intentos de ponerle límites. Es decir, que hoy, estamos en presencia de un ciclo de 55 años de transformación profunda de la estructura económica argentina y, en consecuencia, del poder en nuestro país.
Krieger basó su propuesta económica en una importante devaluación que posibilitó que ingresaran capitales del exterior gracias a un dólar excesivamente apreciado, comprando empresas privadas de capital nacional. A modo de síntesis se puede afirmar que de las cien empresas privadas argentinas más importantes, setenta fueron adquiridas por capitales foráneos
En ese momento la revista “Primera Plana”, (Nº 297, del 03/09/68) publicó un informe de Julián Delgado referido al tema donde alguna ilustración de Kalondi era más explicita que muchos ensayos.
Resultó así que ese desembarco de capitales, no significó inversión alguna para el proceso de desarrollo de nuestra economía sino que fue, por un lado, la cabeza de playa de la nueva invasión del capital extranjero y, en segundo lugar, la liquidación de lo que bien podía entenderse como la tan apreciada “burguesía nacional”, que en esa instancia negó su condición de burguesía y -¿quizá?- confirmó que nunca había sido nacional.
Durante los últimos años de aquel proceso dictatorial y en el tercer gobierno de Perón (1973-1974) hubo intentos de formular una política independiente de desarrollo que fueron dificultados por causas internacionales (crisis del petróleo) e internas (crisis institucional, luchas internas en el movimiento peronista y la muerte del Líder).
Muerto Perón (1974), los sectores que ya se insinuaban como dominantes hicieron un primer intento de asaltar el gobierno, que ¿ejercía? Isabel Perón por medio del ministro Celestino Rodríguez, que aplicó una enorme devaluación (¡siempre igual!) y modificó la estructura de precios de la economía (tarifas, tasas de interés, combustibles, excepto salarios). Pese a que el plan fue llamado “Rodrigazo”, su mentor había sido el segundo de Celestino, un hombre del riñón de los grupos económicos: Ricardo Mansueto Zinn.
El plan desató primero la resistencia de las organizaciones gremiales y luego su movilización que terminó con la renovación ministerial pero no con los efectos provocados por el plan. De cualquier modo, el poder económico, luego de esos hechos, sacó una conclusión definitiva: todas esas medidas eran imposibles de aplicar en un gobierno medianamente democrático y por lo tanto resultaba necesaria una dictadura que llegó el 24 de marzo de 1976.
Hasta este punto de inflexión el empresariado estaba representado en materia agropecuaria por la tradicional Sociedad Rural Argentina (SRA) fundada en 1866 por los grandes propietarios de tierra y la Federación Agraria Argentina (FAA), que nucleaba a los sectores de menores recursos, creada en 1912, luego del grito de Alcorta. Los sectores industriales, a su vez, desde mediados del siglo XX estaban representados por la Acción Coordinadora de las Instituciones Empresarias Libres (ACIEL), fuertemente liberal y la Confederación General Económica (CGE), nacida al calor de los gobiernos peronistas, al punto que su presidente (Gelbard) fue el ministro de economía durante la tercera presidencia de Perón. Por aquellos años se fundó la Asamblea Permanente de Grandes Empresarios (APEGE), donde tenía participación la SRA, quienes llevaron a cabo el lockaut de febrero de 1976, antecedente del golpe de estado.
En esa organización participaba quien sería el nuevo ministro de economía, Martínez de Hoz, que el 2 de abril, dio a conocer el plan económico que habían elaborado pacientemente, sobre la base de aquel proyecto de Zinn, que terminó siendo uno de sus colaboradores.
Durante la dictadura tuvo lugar una colosal transferencia de ingresos que permitió consolidar muchos grupos económicos emergentes y una modalidad de acumulación que recibió para el lenguaje técnico el pomposo (¿o tramposo?) nombre de “valorización financiera”, dado que el núcleo de la actividad pasaron a ser las finanzas, por encima de la producción de bienes y servicios, fenómeno transformador del capitalismo que de ese modo llegó a nuestro país.
Al amparo de la más sangrienta dictadura (1976-1982) el nuevo poder económico avanzó de manera inédita por medio de diversos instrumentos: se valió de la ejecución de obras públicas; se valió de la tercerización de servicios (los más rentables) en las empresas públicas, especialmente YPF; se valió de la posibilidad de gozar de exenciones impositivas con el pretexto de la “reparación histórica” de algunas provincias donde supuestamente debían establecer sus sedes pasa gozar de la promoción industrial y, por sobre todo, se valió del endeudamiento externo. Una de las causas aludidas para justificar el golpe de estado fue el monto de la deuda externa de la Argentina que al 24 de marzo de 1976 debía 7.000 millones de dólares. Sin embargo, al cabo del nefasto “Proceso de organización nacional” esa deuda superaba los 45.0000 millones de dólares.
¿Qué pasó? Simple: una tercera parte de ese monto fue contraída por las mayores empresas privadas que decidieron financiarse en moneda extranjera, en tanto que el saldo lo contrajo el Estado (garantizando la deuda con las más importantes empresas estatales) para ejecutar obras cuyos adjudicatarios fueron esas mismas empresas privadas y, por lo tanto, a sus arcas fueron a parar esos fondos.
En la postrimería del “Proceso”, un transitorio presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en vigencia un seguro de cambio que le permitió a los deudores privados acogerse a un sistema que transfirió su deuda al Estado argentino. El mago financiero de tal operación fue Cavallo. Los damnificados fuimos todos los ciudadanos de la Argentina, que asumimos como deuda propia la que habían contratado los grupos dominantes.
En la transición democrática, durante la segunda etapa del gobierno de Alfonsín, a partir de la gestión del ministro Sourrouille, luego de largas negociaciones con singular participación del Tesoro de los EE.UU., la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se legalizó la deuda que había sido contraída por funcionarios inhábiles de la dictadura. La composición de esa enorme deuda consta en un minucioso detalle según el anexo I.
Los radicales habían llegado al gobierno ignorantes de la nueva estructura de dominación como consecuencia de las políticas llevadas a cabo por los militares. En algún momento a esos grupos económicos se los llamó inocentemente “los capitanes de la industria” pero pronto quedó al descubierto que resultaban más poderosos que el gobierno. Sin duda, algunos integrantes del gobierno eran funcionales a sus intereses. Y fue durante el gobierno de Alfonsín que se produjo la “legalización” de esa monstruosa deuda, tanto privada como pública.
Más tarde, en el transcurso de los gobiernos de Menem se suscribieron acuerdos que elevaron el monto de la deuda, pese a que durante este proceso, nuestro país se despojó de la totalidad de los servicios públicos y empresas señeras de nuestro desarrollo, más que privatizadas regaladas a diversos integrantes de ese nuevo poder económico, que de esa manera terminaron en muchos casos asociados a grupos externos. Gran parte de esas compras fueron pagadas con papelitos de la deuda externa pero de todos modos la deuda creció. Y tampoco dejó de crecer el poder de los sectores dominantes.
Cuando el engendro creado por Cavallo, el “plan de converibilidad”, voló por los aires el regreso a la “pesificación” de la economía también se hizo favoreciendo a las grandes corporaciones y aún en el ciclo kirchenerista (2003-2015), pese a los enfrentamientos con el mal llamado campo, por la resolución 125 (2008), los grandes grupos económicos jamás dejaron de crecer. En el inicio de esa etapa, con algún temor por el estado asambleario de la población, aceptaron de mala gana mejorar las condiciones generales de los sectores mayoritarios, pero apenas se recuperó la consideración de la clase política, volvieron al cuestionamiento de las conquistas que aún tienen los trabajadores (convenios colectivos, consideración de la antigüedad, imposibilidad del despido sin indemnización).
Este sector dominante pareció tomar el cielo por asalto con la elección de Macri: uno de ellos, nada menos, accedido al gobierno por el voto popular (¡¿Qué tal?!) por primera vez en nuestra historia. Aprovechando esta circunstancia, a lo largo de esa gestión (2015-2019) trató de impregnar a la sociedad en su conjunto con las ideas de la derecha, que es la que maneja el poder.
En ese periodo se llevó a cabo un blanqueo impositivo que puso en evidencia la magnitud de la economía informal en la Argentina. La empresa COTO fue la mayor “blanqueadora” en esa circunstancias y la familia del presidente hizo otro tanto.
En esos años se produjo el mayor endeudamiento en primer lugar con acreedores financieros internacionales y luego con el préstamo acordado por el FMI, por un total de 57.000 millones de dólares de los que solo llegaron al país unos 45.000. En esos años también se produjo una enorme fuga de capitales. Su magnitud y el nombre de los responsables se refiere en el anexo II que acompaña a esta nota.
El gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2019 no supo, no quiso o no pudo modificar esta situación y los poderosos conglomerados económicos manejan hoy las variables macroeconómicas del país por encima de los intentos del “poder” político.
Según informa Horacio Rovelli en su nota de “El Cohete a la Luna” (02/07/23) pese a que entre 2000 y 2022 las exportaciones superaron a las importaciones en 271.192 millones de dólares, al 31/03/23 la deuda externa de la Argentina supera los 397.788 millones de la misma moneda. Para intentar comprender esta incongruencia hace falta agregar que la suma que residentes argentinos tienen a su nombre en el exterior (formación de activos externos, según el BCRA) supera ampliamente la diferencia entre ambos conceptos. Estamos en presencia de grupos económicos especializados en endeudar y fugar, como bien lo ha demostrado el maestro Eduardo Basualdo en sus investigaciones, que ponen en evidencia el perfil absolutamente rentístico de los mismos y su nula intención de invertir en el país, lo que hace posible sus ganancias extraordinarias.
De aquellas organizaciones empresariales que mencionamos antes solo queda la histórica SRA, más poderosa que nunca. Tan poderosa que logró la alianza con la FAA en el mencionado enfrentamiento por la Resolución 125. Las restantes han perdido relevancia pero a partir de 1976 se constituyó el Consejo Empresario Argentino (CEA) que luego se transformó en la actual Asociación Empresaria Argentina (AEA) que hoy dominan los grupos Clarín, Techint y Arcor.
Y aquí arribamos al punto crucial de este relato. El grado de concentración de la economía, por rubros, en distintas dimensiones, por un grupo reducido de grandes empresas, exige la formulación de una política de enfrentamiento con estos sectores. No hay negociación posible. Creer lo contrario es desconocer la realidad.
¿Cuál es esa realidad?
Con ayuda de trabajos de Horacio Rovelli vamos a tratar de presentarla hasta donde es posible con nombre y apellido:
1. En materia de aluminio existe un monopolio ejercido por ALUAR S.A.;
2. En el rubro acero el monopolio es ejercido por el Grupo Techint;
3. El transporte de gas está concentrado por la Transportadora de Gas del Norte (TGN) y la Transportadora de Gas del Sur (TGS). La primera es propiedad de Techint y Eurnekian y la segunda está en manos de Pampa Energía, BlackRock, Marcelo Mindlin y las familias Sielecki y Werthein;
4. El transporte de electricidad está en manos de Transener Compañía de Transporte y Energía Eléctrica en Alta Tensión (Pampa Energía);
5. Cuatro cementeras ejercen un oligopolio sobre el rubro: Lomas Negra (de capitales brasileños luego del alejamiento de Fortabat), Holcim, Cementos Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia:
6. Las telecomunicaciones son propiedad de Telefónica Argentina, Clarín y Claro;
7. El petróleo y el gas es administrado por YPF, Total Austral, Pan American Energy (PAE), Petrobras, Pluspetrol, LFG Company, Tecpetrol, Apache y Chrevron;
8. Las refinerías están en manos de YPF, Raizen (Shell), Pan American Enegy (PAE), Puma Energy, Dapsa, Gulf, Voy con Energía y New American Oil;
9. El 90% del mercado de comercialización de cereales, oleagionosas y subproductos orientados al exterior se desarrolla entre las siguientes empresas: Cargill, Viterra S.A. (ex Vicentin), Glencore (ex Oleaginosa Moreno), COFCO (China), Bunge, Aceitera General Deheza, ADM, Dreyfus, ACA y Molinos Agro (Pérez companc):
10) El 80% de las industrias que fabrican alimentos y bebidas se concentra en Arcor, Molinos Río de la Plata, Danone-La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Nestlé, Molino Cañuelas, Coca-Cola, Morixe y a lo sumo otras diez empresas;
11) El 75% de las distribuidoras de electricidad es ejercido por EDENOR (grupo Vilas, Manzano, Filiberti), EDESUR ( grupo italiano ENEL) y EDELAP (propiedad de Rogelio Pagano, ex socio de Mindlin);
12) En por lo menos el 66% de las ventas al exterior de carne, que incluye las cuotas Hilton y 481, es relevante la intervención de los frigoríficos Swif (Brasil), Grupo Marfrig (Brasil), Arre Beef, Friar (ex Vicentín), Ríoplatense (del grupo Constantini), Compañía Bernal, Importadora y Exportadora de la Patagonia, Azul Natural Beef, Santa Giulia, Rafaela, Frigolar, Logors y Runfo;
13) Más del 60% de las cadenas de ventas son domino de COTO, Carrefour, Cencosud, La Anómina, Chango Más y Día;
14) Finalmente, en el rubro minería ignoramos que porcentajes concentran las mineras Barrik Gold, Glencore (dueña de Viterra. donde participa BlackRock), Yamana Gold, Anglo Gold, Mining Corpotarion y Shandong Gold porque todas realizan sus exportaciones por declaraciones juradas que no están sometidas a ningún control.
Ante esta realidad, el país, todos sus habitantes, estamos atravesados por la falta de capacidad de nuestra clase dirigente, cuando no su complicidad, con semejante estructura de poderosos grupos económicos que dominan la economía a su antojo, sin el menor grado de regulación. No solo manejan la economía, también manejan al conjunto social. Tratan de imponer las ideas dominantes que se atribuyen, que no son otra cosa que aquellas que responden a sus intereses, lo que podríamos denominar como el ideario tradicional de la derecha y con sus “mangos” y mandos disponen de un enorme caudal de “intelectuales orgánicos” que se prestan con cara de impávidos científicos a pontificar sobre todo y, especialmente, proponer al hombre común un futuro que, para alcanzarlo, demandará un enorme sufrimiento previo.
Cuando en los inicios de la gestión de la Alianza Pro-UCR, González Fraga decía que había sido un error creer que ese hombre común podía disfrutar de un plasma, un celular, un automóvil se correspondía con la falta de vergüenza del ministro de Economía, Prat Gay, afirmando que la devaluación no iba a tener impacto en los precios internos. Ambos, en semejantes disparates eran apoyados por los medios de comunicación dominantes que llegaron a lograr que no pocos argentinos ante el feroz incremento de los servicios públicos dijeran “y bueno, no se podía pagar tan poco por ellos”. Como era un disparate aceptar (y seguir aceptando) que los pueblos originarios son organizaciones hostiles y, luego de casi seis años, los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel sigan impunes. Ello ha sido posible por la complicidad de la prensa (que oculta el tema), la “justicia” (que demora cuando no cajonea las causas), los organismos de seguridad implicados en ambos hechos y la dirigencia política (entre bueyes no hay cornadas).
Que los “dueños del país” y sus servidores operen como operan es comprensible. Lo que no tiene remedio es ver como la dirigencia popular no denuncia esta situación de manera sistemática y enérgica para darle a la población instrumentos, herramientas, para defenderse de la ofensiva de los conglomerados del poder económico.
Para enfrentar el estado de las cosas en este difícil momento vale tener presente esta afirmación de Daniel Azpiazu, que ya publicamos en este espacio con el título “Radiografía de los dueños de Argentina”, donde el maestro Azpiazu lo expresa con claridad y convicción:
“Si se aspira a revertir estas cuestiones en el marco de un modelo industrial genuinamente inclusivo en lo socioeconómico y desde la perspectiva regional, es indudable que se requiere avanzar en la discusión de una estrategia nacional de desarrollo y en la conformación de un esquema de alianzas con aquellos sectores consustanciados con la reindustrialización y la redistribución del ingreso. Esto implicaría asumir las dificultades derivadas de enfrentar en los campos económico y político-ideológico a importantes y poderosos sectores académicos, políticos, sindicales y empresarios (muchos del ámbito manufacturero); sin embargo, tales dificultades no serían más serias ni más riesgosas que las que se desprenderían de no hacerlo o de llevar a cabo una estrategia de conciliación de intereses inadecuada que, a la larga, resultaría inapropiada e inconveniente en tanto profundizaría aún más el cuadro de subdesarrollo nacional iniciado en 1976”.