por Mónica Peralta Ramos
Esta semana un decreto de necesidad y urgencia rasgó las vestiduras que ocultaban a las fuerzas del cielo que engendraron a Milei y organizaron su conquista del poder político. Puso así al descubierto los rostros desencajados de los grupos más poderosos de una patria contratista que desde hace décadas concentra el poder real en el país. El decretazo elimina más de 300 leyes y regulaciones, anula al Congreso y es anti-constitucional por su forma y por su contenido. Esto no amilana al “Adalid de la Libertad”. Por el contrario, lo vuelve más provocador: sabe que goza de una impunidad garantizada por un Poder Judicial que, dominado por las corporaciones, está embarcado desde hace tiempo en un lawfare que destruye sin miramientos todo vestigio de legitimidad institucional en el país. En este contexto, las promesas se evaporan con el viento político y las palabras se vacían de todo contenido. Lo fundamental es dominar por la fuerza, cualquiera sea el resultado.
El decretazo muestra que el gobierno del Adalid de la Libertad está loteado: mientras dos grupos de la patria contratista controlan ministerios y áreas claves (energía, transporte, seguridad, etc.), los fondos buitres, sectores de las finanzas internacionales y bancos locales pelean por el control de la política financiera y se preparan para desguazar el Banco Nación. Todos se posicionan para apropiarse de los principales activos del país que, gracias a este DNU, serán privatizados y rematados al precio vil impuesto por una brutal devaluación, una inflación rampante y medidas financieras que buscan licuar los depósitos y refundar al viejo plan Bonex con una nueva cara. El DNU proclama la libertad individual de contratación y desconoce totalmente la existencia de poder monopólico, al tiempo que asegura a un grupete su control total sobre las áreas claves de la economía y su capacidad de remarcar al infinito sin sanción alguna. Tampoco tiene en cuenta que el 44 % de la población no tiene la libertad individual de comer diariamente ni que el derecho de propiedad también rige para los ingresos y salarios que se esfuman diariamente a merced del desabastecimiento y la remarcación feroz de precios sin que sus titulares puedan hacer algo para impedirlo. Asimismo, limita su derecho a la protesta y a la representación de los intereses de los trabajadores, borrando derechos consagrados por la Constitución.
Este DNU se da en un contexto de “libre” remarcación rampante de los precios que serán regidos por los precios internacionales de los respectivos bienes, desconociendo expresamente la existencia de un costo local. Esto implica acaparación y disputa creciente por los ingresos, rentas y riqueza acumulada en el país, en la que intervienen las fracciones más poderosas del capital, local e internacional. Es la lucha del más fuerte contra el más débil y dejará un tendal que no quedará reducido a las pymes del país. Curiosamente, el campeón de la libertad parece gozar con los estragos que engendra y advierte que vienen más medidas. No basta con la devaluación inicial del 118 % ni el con el “ajuste” de tarifas y precios de los combustibles. Esta es sólo la primera fase, pues lo que se busca, a pesar de la desmentida oficial, es inducir la hiperinflación, verdadera madre de la licuación total de los precios de los activos y proceso fundamental para el remate que se avecina. Se sabe que esto provocara protesta social, por eso el Presidente reformula el protocolo de seguridad buscando criminalizar la protesta social y estigmatizar a los “orcos” que desafíen el cambio de régimen. Porque de eso se trata: hay que “resetear el país”, usar el monopolio de la fuerza bruta para, paradójicamente, “sacar el pie del Estado sobre la iniciativa privada” y permitir el “libre” enriquecimiento “convirtiendo nuevamente a la Argentina en un país viable”. En definitiva, se trata, de abrir la economía al saqueo indiscriminado.
No todo es oscuridad en este panorama sombrío: como en otras épocas, los cacerolazos se multiplican en el país y anuncian la posibilidad de un cambio en el realineamiento de la oposición. Aparece pues la esperanza de construir un frente amplio de unidad nacional que, superando los errores del pasado, potencie la discusión y la cooperación hacia un verdadero cambio social en el país.
Fuente: elcohetealaluna.com